La obligación de transmisión de información y la petición de asistencia a Eurojust derivada del uso de instrumentos de reconocimiento mutuo se regirán por lo establecido en la Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el own dependiente del Ministerio de Justicia en el exterior, así como su normativa de desarrollo.
44. Afirma que la orden de detención europea es eficaz; considera, no obstante, que los principales problemas relativos a la orden de detención europea se refieren a su coherencia y eficiencia, aspectos en los que hay margen para la mejora, aunque también se ha suscitado alguna cuestión sobre el cumplimiento de los valores y los derechos fundamentales de la Unión;
one. El Juez Central de lo Penal denegará el reconocimiento y la ejecución de la resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad, además de en los supuestos previstos en los artículos 32 y 33, en los siguientes casos:
32. Señala que, si bien la aplicación del procedimiento del artworkículo seven, apartado one, del TUE afecta al reconocimiento mutuo, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal, la autoridad de ejecución debe examinar en cada caso concreto si existen motivos fundados para considerar que, tras la entrega, la persona correrá el riesgo de que se vulneren sus derechos fundamentales; subraya que la activación del artworkículo seven, apartados 1 y 2, del TUE no constituye un no reconocimiento automático, dada la importancia de la cooperación en materia penal y el funcionamiento del sistema de cooperación judicial de la Unión en su conjunto; destaca el papel de Eurojust a la hora de ayudar a los Estados miembros a emitir o ejecutar órdenes en este contexto, con miras a aumentar la confianza mutua; recomienda, por consiguiente, que se establezca un sistema de medidas cautelares, llegando incluso a la suspensión del instrumento, para defender las garantías previstas y, al mismo tiempo, reforzar la confianza y el reconocimiento mutuo entre Estados miembros;
Se ha de hacer una mención a los anexos que cierran la Ley y en los que se contienen los modelos de los formularios y los certificados a través de los cuales se efectúan las comunicaciones entre autoridades judiciales en la Unión Europea.
3. Cuando la autoridad del Estado de ejecución devuelva la competencia para la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y para la adopción de las decisiones ulteriores, la misma se ejercerá de nuevo por el Juez o Tribunal competente, que tendrá en cuenta el for eachíodo y grado de cumplimiento en el Estado de ejecución, así como aquellas decisiones ulteriores que ya se hubieran adoptado.
Una orden europea de protección se reconocerá con la misma prioridad que corresponda a estas medidas en el Derecho español, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, incluida su urgencia, la fecha prevista de llegada de la persona protegida al territorio del Estado de ejecución y, en la medida de lo posible, la gravedad del riesgo que corre la persona protegida.
a) Cuando la persona que fuere objeto de la orden europea de detención y entrega esté sometida a un procedimiento penal en España por el mismo hecho que haya motivado la orden europea de detención y entrega.
forty one. Señala que las deficiencias en materia de cooperación judicial, incluidas las relativas a la orden de detención europea, pueden lesionar los intereses de las víctimas y suponer una denegación del acceso a la justicia y la desprotección de las víctimas; subraya que la impunidad resultante de las deficiencias en la cooperación judicial puede tener repercusiones negativas y perjudiciales para el Estado de Derecho, los sistemas judiciales y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, así como para las víctimas y la sociedad en normal;
Por ello, se ha decidido modificar la técnica normativa empleada hasta ahora en la incorporación de estas normas europeas, persiguiendo tanto garantizar una mejor transposición, como reducir la dispersión normativa y la complejidad de un ordenamiento que, a la postre, tiene que permitir a los distintos operadores jurídicos su tarea de aplicar el Derecho en un ámbito ya de por sí complejo y nuevo.
K. Considerando que la orden de detención europea ha contribuido a weblink desarrollar y consolidar el espacio de libertad, seguridad y justicia; que el artworkículo 6 del TUE, relativo a la Carta y el CEDH, el artículos 8, el artworkículo fifteen, apartado 3, y los artworkículos16 y eighteen a 25 del TFUE, las Directivas sobre derechos procesales y la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de las víctimas(22) son elementos cruciales del marco del espacio de libertad, seguridad y justicia; que la aplicación incorrecta de la orden de detención europea podría tener efectos perjudiciales para la cooperación policial y judicial en toda la Unión, para las personas implicadas y sus familias, para el funcionamiento del espacio Schengen y para los derechos fundamentales;
1. Son autoridades competentes para la transmisión de una resolución por la que se impone una pena o medida privativa de libertad los Jueces de Vigilancia Penitenciaria, así como los Jueces de navigate here Menores cuando se trate de una medida impuesta de conformidad con la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
three. Los motivos de fondo por los que se haya adoptado la have a peek here orden o resolución sólo podrán ser impugnados mediante un recurso interpuesto en el Estado miembro de la autoridad judicial de emisión.
– Vista la evaluación del valor añadido europeo completada en enero de 2014 a petición del EPRS sobre la orden de detención europea, así como el estudio sobre «el coste de la no Europa», de diciembre de 2017, relativo a los derechos procesales y las condiciones de privación de libertad,